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Órganos habilitados para evaluar proyectos que experimenten con animales (art. 43.3 del R.D. 53/2013, de 1 de febrero)

El artículo 43.3 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero (BOE-A-2013-1337), por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, establece que el Ministerio de Economía y Competitividad mantendrá en su sede electrónica, a los efectos de publicidad, una relación actualizada de órganos habilitados que tienen entre sus funciones la evaluación de proyectos.

A los efectos del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, se entiende por órgano habilitado todo organismo público, o asociación o sociedad privada, autorizada y designada por el órgano competente para realizar algunas de las funciones específicas que se establecen en el Real Decreto y se entiende por proyecto todo programa de trabajo con un objetivo científico definido y en el que se realicen uno o varios procedimientos que conlleven la utilización, tanto invasiva como no invasiva, de un animal con fines experimentales u otros fines científicos o con fines educativos siempre que dicha utilización pueda causarle al animal dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero.

El objeto de la evaluación es determinar si el proyecto está justificado desde el punto de vista científico o educativo; su finalidad justifica la utilización de animales y está diseñado de manera que los procedimientos se realicen de la forma más humanitaria y respetuosa con el medio ambiente que sea posible.

De acuerdo con el Artículo 5 de la Orden CIN/506/2010, de 26 de febrero (BOE-A-2010-3694), las personas jurídicas están obligadas a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a estos procedimientos por medio de este Registro Electrónico. Para las personas físicas la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio de este Registro Electrónico tendrá carácter preferente, pero será voluntaria, siendo la alternativa la presentación en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE-A-1992-26318), de Régimen Jurídico de la Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo el artículo 32.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (BOE-A-2009-18358), por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establece que si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

 

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